Fuente: Carlos Salazar (csalazar@elpais.co.cr) | 19/01/2011
San José (elpais.cr) - El Estado de Costa Rica, a través de su abogado, la Procuraduría General de la República, presentó un recurso de Casación ante la Sala Primera, por la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo que derogó un ilegal decreto ejecutivo y la concesión minera a Infinito Gold.
Además, Industrias Infinito S.A., propietaria del Proyecto Crucitas, apeló este martes la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, luego de que Infinito Gold Inc. (Casa Matriz en Canadá), instruyera a los abogados a presentar el recurso de casación.
Así lo informó un escueto comunicado de prensa de Infinito Gold, publicado en la página oficial de la empresa www.laverdadsobrecrucitas.com, donde justifica que lo hace "por la institucionalidad, la seguridad jurídica y las comunidades".
Por su parte, la Procuradora General, Ana Lorena Brenes informó a radio Monumental que la PGR había presentado un recurso de casación contra la sentencia que afectó a la transnacional canadiense, y cuestionó la transparencia del fallo.
En la Región Huetar Norte, en Crucitas de San Carlos, a tres kilómetros del río San Juan, Infinito Gold ha pretendido, por más de una década, construir una mina de oro a cielo abierto, que cuenta con el rechazo de más del 90% de la población costarricense.
"Infinito Gold Inc., reitera su respeto al Estado de Derecho y a la institucionalidad del país. El Proyecto Crucitas no será la causa para poner en juego la seguridad jurídica que ofrece el país tanto a la inversión nacional como extranjera", dice el Gerente de Relaciones Corporativas y Comunicación, Juan Carlos Obando, según el comunicado.
Obando agregó que "no será Infinito Gold Inc., ni su subsidiaria Industrias Infinito, quienes provoquen un debate mediático con el único fin de trasladar presión a los Magistrados de la Sala Primera".
"Con la presentación de la Casación, cerramos el proceso iniciado por el Tribunal Contencioso Administrativo. No habrá más declaraciones en este particular. Industrias Infinito se reincorpora a sus habituales actividades y cumpliendo con las responsabilidades propias de toda empresa", advirtió el funcionario de la transnacional canadiense.
El pasado 24 de noviembre el Tribunal Contencioso Administrativo le anuló la concesión al proyecto minero al encontrar irregularidad en su obtención, así como en la forma que recibió algunos permisos, además de que las autoridades ignoraron la desaparición de un camino público que reduce en cinco kilómetros la ruta de los habitantes de la zona.
En la sentencia, los jueces anularon la concesión y también derogaron el decreto de "Interés Público y Conveniencia Nacional", dictado por el ex presidente Oscar Arias Sánchez, para favorecer dicha actividad minera de oro a cielo abierto, considerada una de las más contaminantes del planeta.
Asimismo, el Tribunal aseguró que la empresa habría cometido fraude de ley en la tramitación de los permisos, con la ayuda de funcionarios de entidades estatales, a quienes el Ministerio Público investiga por sus actuaciones, por recomendación de los tres jueces.
Ambientalistas
Entre tanto, los abogados ambientalistas Edgardo Araya, de la Unión Norte por la Vida (UNOVIDA), y Álvaro Sagot Rodríguez, representante del académico de la Universidad de Costa Rica (UCR), Jorge Lobo, dijeron a este medio que están atentos a los dichos de la PGR y de la transnacional.
"Defenderemos la sentencia ante los cinco jueces de la Sala Primera, y estaremos pidiendo audiencia", anunció Araya.
Sagot Rodríguez recordó que (la Procuradora) Brenes dijo que no existen presiones de la empresa en cuanto al arbitraje internacional, y recordó el abogado: "pero desde que lo dijeron en Sala Constitucional de que si perdían ahí lo llevaban (el caso) al arbitraje; y ahora (durante el juicio), en la etapa de recepción de testigos en el Contencioso lo volvieron a repetir en un medio masivo; para mí, eso es más que presión y ha quedado en el conocimiento público a la hora que dieron la noticia".
"Por supuesto que los jueces... de una u otra manera... ellos leen periódicos, ven noticias y demás; por supuesto que ya la descarga la hicieron y ahora aparentan... quieren dar la apariencia de que son respetuosos del ordenamiento jurídico; y que no se van a meter presión, que no van a hacer presión", añadió.
"Por debajo, en el lado obscuro, a veces se mueven fuerzas que ni siquiera uno se imagina", acotó Sagot.
Para el abogado ambientalista "lo que diga la Procuraduría es de mucho peso porque deja mucho qué desear de parte de ellos, dado que las inconsistencias eran, incluso, de desprotección de bienes públicos".
Sagot cuestionó que "no es posible que se entregue nuestra biodiversidad, que se entreguen caminos a cambio de qué?"
De seguido dijo que eso no es posible y alertó que mientras el Gobierno de Costa Rica, "por otro lado se rasga las vestiduras diciendo que Calero..., que hay un daño ambiental... Me parece que los argumentos no son consistentes... y debería mantenerse una línea más clara, mas cuando existe la justificación de que hay un nuevo Gobierno. Pudo haberse dicho "ya Laura (Chinchilla) emitió un criterio con su reglamento", la Asamblea Legislativa, con la Ley que prohíbe la minería metálica, también es una llamada de atención de qué es lo que quiere, qué es lo que persigue el Estado, ah no... pero ellos presentan Casación. No sé...".
"A mí eso me deja mucho qué desear. Pareciera que no escucha (la PGR) lo que ha dicho la Presidenta Chinchilla, parece que no escucha lo que dijeron los nuevos diputados, que entonces... están defendiendo los intereses de los Arias, que fueron quienes emitieron las últimas autorizaciones para la minera", advirtió.
"Esa es la última pregunta que nos queda, no sé si se podrá contestar o no?", concluyó Sagot Rodríguez.
Por último, cabe recordar que el Ministerio Público ya no solo investigará si existió algún delito en el otorgamiento de permisos a la empresa Industrias Infinito para hacer minería a cielo abierto en la mina Crucitas, sino también si existieron irregularidades en la construcción de una carretera que llega a ese lugar.
El Tribunal Contencioso Administrativo ordenó el pasado mes de diciembre a la empresa y al Estado a detener las obras, y los condenó al pago de indemnizaciones por daño ambiental.
Los jueces recomendaron trasladar el caso al Ministerio Público ante posibles delitos cometidos en su trámite.
El Fiscal General, Jorge Chavarría; dijo que el equipo encargado del caso, ahora estudiará también la construcción de la vía.
