Miércoles, 12 de Enero de 2011 00:19
Escrito por JAVIER CÓRDOBA MORALES (Javier.cordoba@ucr.ac.cr)
Los errores y graves omisiones que cometió la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) en el proceso de aprobación del proyecto minero Las Crucitas, dejó en evidencia las grandes carencias y el mal manejo que se le viene dando a esta institución en los últimos años.
Así lo consideran expertos en diferentes áreas relacionadas con temas ambientales, tras conocer la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo en el caso de la mina de oro a cielo abierto de la empresa Industrias Infinito, emitida el año anterior.
La falta de cumplimiento de las normas establecidas, y la excesiva injerencia política en la institución a la hora de tomar decisiones, son parte de las críticas que hicieron los expertos consultados por UNIVERSIDAD.
“SETENA está en crisis”
El especialista en evaluación ambiental y exsecretario general de la SETENA, Allan Astorga, opinó que la sentencia del caso Crucitas deja claro que esta institución no cumplió con lo que le exige la Ley Orgánica del Ambiente, respecto a actuar con eficiencia y estricto apego a los procedimientos.
Para Astorga, la SETENA vive una seria crisis, que se comprueba con la no utilización de sus reglamentos e instrumentos técnicos, a pesar de ser una de las instituciones “mejor equipadas” en este aspecto.
“SETENA tiene todas las herramientas técnicas, y el contencioso de Crucitas lo que muestra es que con la primera vialidad ambiental que se anula, y la segunda vialidad, esos procedimientos no se cumplieron, cosa que yo venía alegando hace dos años”, afirmó Astorga.
Para el analista, la responsabilidad no es solo de la SETENA, pues los reglamentos están claros y disponibles para todos los interesados, por lo que los desarrolladores deben ser más rigurosos a la hora de diseñar y ejecutar sus obras.
El geólogo recordó que la poca rigurosidad de este ente en la aplicación de sus reglamentos, también fue criticada por la Contraloría General de la República, en un informe publicado el año anterior.
“La Contraloría encontró muchos proyectos desarrollados sobre la zona marítimo-terrestre, algunos incluso sobre manglares, casos en los que la SETENA no tiene defensa, porque los resultados son más que evidentes”, acotó Astorga.
El exfuncionario cuestionó además el hecho de que la SETENA no asuma su papel fiscalizador sobre los proyectos, y preguntó cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que esta entidad clausuró una obra.
Astorga considera que los instrumentos legales de la SETENA están bien diseñados, por lo cual la solución no es pedirle que fabrique otros nuevos, como lo recomendó la Contraloría en su informe.
“¿Qué hacemos con cambiarle el martillo al carpintero, si no sabe martillar? Más bien es peligroso pedirle nuevos instrumentos, porque los hace de manera cerrada, olvidando que la evaluación ambiental es un asunto de toda la sociedad”, declaró el experto.
Él ha sido uno de los más insistentes proponentes para que se convoque a la Comisión Mixta de la SETENA, la cual está integrada por un amplio grupo de representantes de organizaciones, y tiene más de tres años sin ser convocada.
Esta comisión fue la encargada de diseñar los reglamentos técnicos y herramientas que utiliza la SETENA, y es la que -de acuerdo con la legislación- debería realizar las reformas que sean necesarias.
Astorga opinó que las debilidades que hoy son evidentes en la SETENA, son parte del legado que dejó su anterior secretaria general, Sonia Espinoza, junto al exministro de Competitividad, Jorge Woodbridge.
“Con esa línea de `modernizar´ la SETENA, se fue la mayoría del personal con experiencia y que eran más estrictos en el uso y cumplimento de los reglamentos, para remplazarlos por personal nuevo”, recordó.
Astorga advirtió que la permanencia prolongada del viceministro Andrei Bourret como secretario general interino de la SETENA, podría traer algunos problemas, ya que el Ministerio de Ambiente se vuelve “juez y parte” en algunas decisiones.
“Si a un proyecto SETENA le rechaza algo, y presenta una apelación ante el ministro de Ambiente, pues es muy probable que obtenga la misma respuesta que tuvo del viceministro en SETENA, lo que crea un estado de indefensión”, explicó.
Despolitizar
Mientras tanto, para Yamileth Astorga, directora del Programa de Gestión Ambiental Institucional de la UCR (ProGAI), la necesidad más urgente de la SETENA es su despolitización, ya que debería funcionar solo bajo criterios técnicos.
Para ella, la sentencia en el caso Crucitas deja ver claramente la injerencia política que ha tenido esta institución a la hora de tomar decisiones, y que se mantiene con la presencia de un viceministro como secretario general.
Astorga, quien es también la coordinadora del grupo de expertos ambientales “Llamado Urgente por el país”, criticó el que no se haya convocado a la Comisión Mixta, para que exista un diálogo más transparente y abierto sobre los temas que corresponden a la entidad.
La bióloga además reprochó el hecho de que tras más de siete meses en el gobierno, la actual administración mantenga como secretario general al viceministro de Ambiente, sin que haya señales de que se quiera nombrar a otra persona.
Recordó que a la SETENA se le empujó siempre hacia la “agilización de trámites”, lo que resultó en detrimento de la vigilancia para la protección del ambiente.
“Se aprueban proyectos con procesos `agilizados´ y lo que se hace es aprobar cosas como en el caso de Crucitas, donde se aceptó una modificación sustancial al proyecto en solo tres semanas”, aseveró.
Astorga también mencionó la gestión que realizó el exministro Woodbridge para “agilizar” la SETENA, de la cual salieron el decreto de “Conveniencia Nacional” para el proyecto Crucitas, y otros decretos similares para otros proyectos.
“SETENA debería estar fuera de la influencia política, y tener un secretario general nombrado por capacidad técnica, no por amistades, ni mucho menos por relación política, como ha sido en los últimos tiempos”, recriminó.
De igual manera, instó a que las universidades públicas pongan más atención al representante que tienen ante la SETENA, dado que el que se nombró en lugar de Rolando Mendoza nunca fue convocado a la Comisión Plenaria, por lo que renunció y ahora su espacio sigue vacante.
Principio Precautorio
Por su parte, el abogado Álvaro Sagot, quien participó del juicio contencioso de Crucitas, lamentó el hecho de que la SETENA ha abandonado su función de velar por el “principio precautorio” a favor del medio ambiente.
“Lo que queda perfectamente de manifiesto, y así se deja entrever de algunas frases de la sentencia, es que la SETENA olvidó que es un órgano técnico y estaba tomando decisiones políticas”, puntualizó Sagot.
“No cumple con el principio precautorio que es su razón de ser, de verificar que previo a cualquier proyecto se valoren las situaciones que ponen en riesgo el ambiente. El tribunal en el caso Crucitas señala que se estaba facilitando a la empresa trámites para otorgar los permisos”, agregó.
El abogado ambientalista recomendó que se produzca una capacitación intensiva para el personal de la SETENA en los temas técnicos, pero principalmente que se refuerce la parte ética.
Fuente: Semanario Universidad.
Primera, donde Industrias Infinito dueña de la mina apelaría la sentencia o bien en el marco de un arbitraje internacional donde la compañía demandaría al Estado y exigiría una indemnización de más de $1.300 millones.
