Sí a la vida, no a la minería

Escrito por Redacción

Miércoles 01 de Diciembre de 2010 01:14

Por Sonia Marta Mora La importante lucha que han venido dando miles de costarricenses está dando sus frutos. El Tribunal Contencioso Administrativo acaba de anular la concesión del dañino proyecto minero Crucitas. La institucionalidad del país, a la que acudieron organizaciones ecologistas buscando que se reestableciera la legalidad quebrantada, sin lugar a dudas se refuerza con esta sentencia. Esta decisión marca un hito, no solo en la defensa de una país respetuoso de la naturaleza y que fundamenta su desarrollo en el aprovechamiento responsable de nuestros extraordinarios recursos, sino en la defensa ciudadana del interés de la mayoría. La valentía del Tribunal debe destacarse con fuerza. Porque hace mucho tiempo –y el avance de este nocivo proyecto en medio de irregularidades y daños cuantiosos es una prueba incontestable- muchos políticos y funcionarios, órganos técnicos, creadores de opinión e instancias de los poderes públicos han venido guardando silencio o cubriéndose en convenientes ambigüedades para no enfrentar a un sector de políticos y de interés económico de inmenso poder e influencia en Costa Rica. Uno de los proyectos insignia de estos intereses poderosos ha sido precisamente el proyecto minero Crucitas. La publicidad millonaria y engañosa a favor de la empresa, sus ataques sin misericordia a todos los sectores que osaban oponerse a un proyecto tan dañino para las actuales y futuras generaciones y el apoyo de políticos costarricenses de gran influencia hicieron temblar a más de uno. Pero no a esos tres jueces de la República –dos hombres y una mujer-, que al actuar con independencia vuelven a levantar la bandera de la dignidad y le recuerdan a esos sectores, que han venido creyéndose todopoderosos, el elemental principio democrático de la igualdad de todas y todos ante la ley. Pero si algunas y algunos que pudieron en su momento, en el actual gobierno y en el anterior y gracias a la posición que ostentaban, haber levantado la voz para evitar tanto daño no lo hicieron, sí se atrevieron a hablar algunos actores clave: organizaciones ecologistas, miembros de la comunidad de San Carlos, iglesias, periodistas independientes y críticos, partidos opositores comprometidos con la defensa del ambiente, estudiantes y universidades, organizaciones laborales, creadores de opinión, profesionales en diversos campos, valerosos costarricenses que jugaron un papel decisivo en la defensa del Estado de derecho, el patrimonio nacional y el interés general. Todas estas fuerzas dieron voz a esa ciudadanía que a veces se siente impotente ante los grupos de poder que en los últimos años han querido manejar el país a su antojo. Y es esta una de las más grandes lecciones que deja esta sentencia. Por una parte, que peligrosamente pueden orquestarse voluntades para aprobar proyectos que interesan a unos pocos y satisfacen su voracidad de poder y ganancias, aún teniendo que incurrir en ilegalidades, atropellos, desconocimiento de los criterios técnicos y daños irreparables a nuestro patrimonio. Y enseña, por otra parte, la fuerza y la responsabilidad de la ciudadanía, así como de las fuentes llamadas a generar un pensamiento independiente. Pero muestra sobretodo el ejemplo de jueces y juezas valerosas e independientes: un llamado fuerte a los funcionarios públicos a no debilitarse ante la política de turno y a no ceder en su dignidad y misión de defender la ley y el bienestar de la mayoría. Un llamado, sobretodo, a la esperanza y a la renovación de nuestro amor por Costa Rica. Fuente: Página Abierta.

• Proyecto minero de Crucitas

A dos años de la firma de undecreto inconveniente

Carlos Salazar*

El 13 de octubre pasado se cumplieron dos años de la firma del Decreto de Conveniencia Nacional, suscrito por la administración del presidente Óscar Arias Sánchez, para favorecer a la transnacional canadiense Infinito Gold en su proyecto minero, ubicado en Las Crucitas de San Carlos.

Dos años desde que la sociedad costarricense, como pocas veces en su historia, se ha unido de manera inequívoca para exigir ética y responsabilidad a sus gobernantes, solicitando desde varias entidades una derogatoria inmediata de este Decreto Ejecutivo de total inconveniencia nacional, pero defendido como tal por el Estado.

Esta exigencia de derogar tal Decreto Ejecutivo proviene de entidades tan variadas como disímiles, como por ejemplo, los Consejos Universitarios de tres prestigiosas universidades públicas del país (UNA, octubre del 2008; UCR, noviembre del 2008; e ITCR, diciembre del 2008); la misma oficina técnica ambiental de Casa Presidencial (Iniciativa Paz con la Naturaleza); una docena de municipalidades, incluyendo la de San José (voto unánime, mayo del 2010) y la de San Carlos (mayo del 2010); el Colegio de Biólogos (mayo del 2010) o, hecho inusual que llama poderosamente la atención, la misma Iglesia Católica (Pronunciamiento de la Conferencia de Obispos Católicos del 12 de enero del 2010). Ello sin olvidar los capítulos nacionales de la UICN, tanto de Costa Rica (noviembre del 2009), como de Nicaragua (agosto del 2008), y una multitud de entidades ecologistas y sociales en nuestros país.

Pese a este esfuerzo que lleva ya dos años, a un acuerdo explícito de todos los candidatos a la Presidencia durante la reciente campaña electoral (que dijeron, sin excepción alguna, oponerse a la minería química a cielo abierto), y a acciones no violentas como las dos marchas pacíficas, y el ayuno que realizan valientemente desde el viernes 7 de octubre en las afueras de la Casa Presidencial campesinos, integrantes del Frente Norte contra la Minería, y jóvenes del movimiento Ni una Sola Mina, el Gobierno se ha mantenido mudo, atrincherado detrás de sus fuerzas policiales.

Vale recordar que el Movimiento Ni Una Sola Mina nace de la marcha del 22 de abril del 2010, la cual reunió, como pocas veces, a la sociedad costarricense en las afueras de las instalaciones de la Sala IV, a raíz de su polémico voto del viernes 16 de abril, que antecedía en unos días las celebraciones de las jornadas contra la ALCOA, de hace 40 años en Costa Rica.

Contradicciones hunden el proyecto. Hoy ante los jueces del Tribunal Contencioso Administrativo, y desde el pasado 4 de octubre, cada audiencia o deposición de testigos parece hundir más este polémico proyecto minero. Las contradicciones afloran día tras día, los "técnicos" del Estado reconocen ante los jueces vacíos, negligencias y lagunas de toda clase, los expertos de la UCR ponen el dedo en la llaga sin dejar argumentos técnicos a la parte contraria, las ONG ecologistas y sus abogados exponen con talento a la sociedad en su conjunto la serie de irregularidades cometidas por el Estado que dice representar sus intereses.

Ante la sensación de impotencia, la única reacción de la empresa ha sido la de amenazar con recurrir a un arbitraje internacional, si no obtiene de los jueces administrativos una sentencia a su favor.

Al cumplirse dos años de la firma de este decreto, el agua parece por fin hacer mella en lo que una pequeña minoría (¿cuántos realmente serán entre los cuatro millones de habitantes de nuestro país?) todavía consideraba hasta hace unos meses como un proyecto minero único en el mundo, de minería “verde”.

Verde… seguramente lo es, pero no es el verde del plumaje de la lapa o de los hermosos bosques de la Zona Norte, sino el verde maloliente que busca enajenar al aparato del Estado de nuestra Nación.

*Periodista
(csalazar@elpais.co.cr).

Fuente: Diario Extra.

• Proyecto minero de Crucitas

A dos años de la firma de undecreto inconveniente

Carlos Salazar*

El 13 de octubre pasado se cumplieron dos años de la firma del Decreto de Conveniencia Nacional, suscrito por la administración del presidente Óscar Arias Sánchez, para favorecer a la transnacional canadiense Infinito Gold en su proyecto minero, ubicado en Las Crucitas de San Carlos.

Dos años desde que la sociedad costarricense, como pocas veces en su historia, se ha unido de manera inequívoca para exigir ética y responsabilidad a sus gobernantes, solicitando desde varias entidades una derogatoria inmediata de este Decreto Ejecutivo de total inconveniencia nacional, pero defendido como tal por el Estado.

Esta exigencia de derogar tal Decreto Ejecutivo proviene de entidades tan variadas como disímiles, como por ejemplo, los Consejos Universitarios de tres prestigiosas universidades públicas del país (UNA, octubre del 2008; UCR, noviembre del 2008; e ITCR, diciembre del 2008); la misma oficina técnica ambiental de Casa Presidencial (Iniciativa Paz con la Naturaleza); una docena de municipalidades, incluyendo la de San José (voto unánime, mayo del 2010) y la de San Carlos (mayo del 2010); el Colegio de Biólogos (mayo del 2010) o, hecho inusual que llama poderosamente la atención, la misma Iglesia Católica (Pronunciamiento de la Conferencia de Obispos Católicos del 12 de enero del 2010). Ello sin olvidar los capítulos nacionales de la UICN, tanto de Costa Rica (noviembre del 2009), como de Nicaragua (agosto del 2008), y una multitud de entidades ecologistas y sociales en nuestros país.

Pese a este esfuerzo que lleva ya dos años, a un acuerdo explícito de todos los candidatos a la Presidencia durante la reciente campaña electoral (que dijeron, sin excepción alguna, oponerse a la minería química a cielo abierto), y a acciones no violentas como las dos marchas pacíficas, y el ayuno que realizan valientemente desde el viernes 7 de octubre en las afueras de la Casa Presidencial campesinos, integrantes del Frente Norte contra la Minería, y jóvenes del movimiento Ni una Sola Mina, el Gobierno se ha mantenido mudo, atrincherado detrás de sus fuerzas policiales.

Vale recordar que el Movimiento Ni Una Sola Mina nace de la marcha del 22 de abril del 2010, la cual reunió, como pocas veces, a la sociedad costarricense en las afueras de las instalaciones de la Sala IV, a raíz de su polémico voto del viernes 16 de abril, que antecedía en unos días las celebraciones de las jornadas contra la ALCOA, de hace 40 años en Costa Rica.

Contradicciones hunden el proyecto. Hoy ante los jueces del Tribunal Contencioso Administrativo, y desde el pasado 4 de octubre, cada audiencia o deposición de testigos parece hundir más este polémico proyecto minero. Las contradicciones afloran día tras día, los "técnicos" del Estado reconocen ante los jueces vacíos, negligencias y lagunas de toda clase, los expertos de la UCR ponen el dedo en la llaga sin dejar argumentos técnicos a la parte contraria, las ONG ecologistas y sus abogados exponen con talento a la sociedad en su conjunto la serie de irregularidades cometidas por el Estado que dice representar sus intereses.

Ante la sensación de impotencia, la única reacción de la empresa ha sido la de amenazar con recurrir a un arbitraje internacional, si no obtiene de los jueces administrativos una sentencia a su favor.

Al cumplirse dos años de la firma de este decreto, el agua parece por fin hacer mella en lo que una pequeña minoría (¿cuántos realmente serán entre los cuatro millones de habitantes de nuestro país?) todavía consideraba hasta hace unos meses como un proyecto minero único en el mundo, de minería “verde”.

Verde… seguramente lo es, pero no es el verde del plumaje de la lapa o de los hermosos bosques de la Zona Norte, sino el verde maloliente que busca enajenar al aparato del Estado de nuestra Nación.

*Periodista
(csalazar@elpais.co.cr).

Fuente: Diario Extra.

• Proyecto minero de Crucitas

A dos años de la firma de undecreto inconveniente

Carlos Salazar*

El 13 de octubre pasado se cumplieron dos años de la firma del Decreto de Conveniencia Nacional, suscrito por la administración del presidente Óscar Arias Sánchez, para favorecer a la transnacional canadiense Infinito Gold en su proyecto minero, ubicado en Las Crucitas de San Carlos.

Dos años desde que la sociedad costarricense, como pocas veces en su historia, se ha unido de manera inequívoca para exigir ética y responsabilidad a sus gobernantes, solicitando desde varias entidades una derogatoria inmediata de este Decreto Ejecutivo de total inconveniencia nacional, pero defendido como tal por el Estado.

Esta exigencia de derogar tal Decreto Ejecutivo proviene de entidades tan variadas como disímiles, como por ejemplo, los Consejos Universitarios de tres prestigiosas universidades públicas del país (UNA, octubre del 2008; UCR, noviembre del 2008; e ITCR, diciembre del 2008); la misma oficina técnica ambiental de Casa Presidencial (Iniciativa Paz con la Naturaleza); una docena de municipalidades, incluyendo la de San José (voto unánime, mayo del 2010) y la de San Carlos (mayo del 2010); el Colegio de Biólogos (mayo del 2010) o, hecho inusual que llama poderosamente la atención, la misma Iglesia Católica (Pronunciamiento de la Conferencia de Obispos Católicos del 12 de enero del 2010). Ello sin olvidar los capítulos nacionales de la UICN, tanto de Costa Rica (noviembre del 2009), como de Nicaragua (agosto del 2008), y una multitud de entidades ecologistas y sociales en nuestros país.

Pese a este esfuerzo que lleva ya dos años, a un acuerdo explícito de todos los candidatos a la Presidencia durante la reciente campaña electoral (que dijeron, sin excepción alguna, oponerse a la minería química a cielo abierto), y a acciones no violentas como las dos marchas pacíficas, y el ayuno que realizan valientemente desde el viernes 7 de octubre en las afueras de la Casa Presidencial campesinos, integrantes del Frente Norte contra la Minería, y jóvenes del movimiento Ni una Sola Mina, el Gobierno se ha mantenido mudo, atrincherado detrás de sus fuerzas policiales.

Vale recordar que el Movimiento Ni Una Sola Mina nace de la marcha del 22 de abril del 2010, la cual reunió, como pocas veces, a la sociedad costarricense en las afueras de las instalaciones de la Sala IV, a raíz de su polémico voto del viernes 16 de abril, que antecedía en unos días las celebraciones de las jornadas contra la ALCOA, de hace 40 años en Costa Rica.

Contradicciones hunden el proyecto. Hoy ante los jueces del Tribunal Contencioso Administrativo, y desde el pasado 4 de octubre, cada audiencia o deposición de testigos parece hundir más este polémico proyecto minero. Las contradicciones afloran día tras día, los "técnicos" del Estado reconocen ante los jueces vacíos, negligencias y lagunas de toda clase, los expertos de la UCR ponen el dedo en la llaga sin dejar argumentos técnicos a la parte contraria, las ONG ecologistas y sus abogados exponen con talento a la sociedad en su conjunto la serie de irregularidades cometidas por el Estado que dice representar sus intereses.

Ante la sensación de impotencia, la única reacción de la empresa ha sido la de amenazar con recurrir a un arbitraje internacional, si no obtiene de los jueces administrativos una sentencia a su favor.

Al cumplirse dos años de la firma de este decreto, el agua parece por fin hacer mella en lo que una pequeña minoría (¿cuántos realmente serán entre los cuatro millones de habitantes de nuestro país?) todavía consideraba hasta hace unos meses como un proyecto minero único en el mundo, de minería “verde”.

Verde… seguramente lo es, pero no es el verde del plumaje de la lapa o de los hermosos bosques de la Zona Norte, sino el verde maloliente que busca enajenar al aparato del Estado de nuestra Nación.

*Periodista
(csalazar@elpais.co.cr).

Fuente: Diario Extra.